Advierte Coparmex crisis por extorsión y abuso de autoridad contra empresas

En medio de los cuestionamientos hacia dependencias y funcionarios del gobierno de Samuel García Sepúlveda por presuntos actos de extorsión, cobros indebidos y presión administrativa en Nuevo León, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió que autoridades o personas que se hacen pasar por servidores públicos se han convertido en una de las principales fuentes de extorsión contra empresas en distintas entidades del país.

La organización empresarial señaló que este fenómeno afecta sobre todo a micro, pequeñas y medianas empresas, además de generar incertidumbre jurídica y frenar inversiones. Durante una conferencia realizada el 11 de mayo, el presidente nacional de Coparmex, Juan José Sierra, afirmó que el delito de extorsión “está desbordado” y sostuvo que, en algunos casos, “la autoridad se convierte en un extorsionador”.

Un impacto económico estimado en 15 mil millones de pesos anuales, equivalente a 0.04% del Producto Interno Bruto (PIB), representa este delito para las empresas, explicó Juan José Sierra al presentar cifras del primer trimestre de 2026. “Es el impuesto más alto que pagan las empresas hoy”, afirmó.

La Confederación Patronal de la República Mexicana informó que entre enero y marzo de este año se registraron 2 mil 915 víctimas de extorsión en México, con un promedio de 32.4 casos diarios. Aunque la cifra representa una disminución marginal de 3.73% frente al mismo periodo de 2025, el organismo indicó que el nivel actual sigue siendo el segundo más alto de los últimos 11 años.

El 97% de los casos no se denuncian o no generan carpetas de investigación, añadió la confederación. También detalló que 68% de las extorsiones se realizan mediante llamadas telefónicas y que 31.2% corresponden a otras modalidades, incluidos los cobros de piso. Entre empresas afiliadas que reportaron haber sido víctimas, 37% aseguró que el cobro fue realizado por autoridades o personas que aparentaban serlo.

En el contexto de las denuncias sobre auditorías, inspecciones y presuntas presiones administrativas hacia compañías privadas en Nuevo León, la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León (Caintra), presidida por Jorge Santos Reyna, informó la semana pasada que tres de cada 10 empresas afiliadas reportan inspecciones ilegales de autoridades municipales, estatales y federales.

Dependencias estatales como Protección Civil, Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Salud realizan revisiones similares sobre un mismo establecimiento, explicó la Caintra, situación que genera duplicidad de procesos, discrecionalidad y riesgos de clausura o extorsión. Frente a ello, el organismo adelantó que impulsará una Ley de Procedimientos Administrativos para homologar criterios de inspección y reducir espacios de interpretación discrecional entre funcionarios y empresas.

Durante la 142 Asamblea General Ordinaria y toma de protesta del Consejo Directivo 2026-2027 de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Monterrey, realizada los días 20 y 21 de marzo de 2026, empresarios del sector comercial denunciaron además retención de permisos, multas y cierres administrativos en municipios y dependencias estatales.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Monterrey, Jaime Herrera Casso, afirmó durante ese encuentro que existe una “creciente queja sobre funcionarios de los diferentes niveles de gobierno” que utilizan trámites, permisos y pagos como mecanismos de presión sobre negocios y empresas.

“Imponen multas e incluso llegan al cierre del propio negocio para conseguir un beneficio personal”, declaró el dirigente frente a representantes empresariales y autoridades estatales.

Presuntos actos de “extorsión institucional” relacionados con auditorías, clausuras y cobros derivados del impuesto ambiental estatal implementado en 2022 han sido denunciados desde 2025 por la empresa extractiva Materiales Triturados Martínez, ubicada en el municipio de Cerralvo. El conflicto coincide además con las acusaciones dirigidas contra el gobierno estatal encabezado por Samuel García Sepúlveda.

Tras la difusión de audios en los que presuntamente se menciona la solicitud de un “pago fuerte” para permitir la operación de la empresa, el caso escaló políticamente. Posteriormente, legisladores locales solicitaron que la Fiscalía General de la República atrajera la investigación por la presunta participación de funcionarios estatales. El Gobierno de Nuevo León rechazó las acusaciones y sostuvo que las acciones emprendidas corresponden al cumplimiento de obligaciones fiscales y ambientales.