Jet Van acumula contratos millonarios pese a antecedentes de sanción

Durante 2026, la empresa Jet Van Car Rental S.A. de C.V. concentra contratos públicos que superan los 2 mil 500 millones de pesos con al menos 19 dependencias del gobierno federal, aun con un historial marcado por sanciones administrativas, inhabilitaciones y observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). La información fue dada a conocer por Reporte Índigo el 26 de marzo de este año.

En ese contexto, la compañía aparece en un nuevo proceso de contratación a cargo de Caminos y Puentes Federales (Capufe). La licitación LA-09-J0U-009J0U001-N-15-2026 prevé el arrendamiento de vehículos usados destinados a labores de emergencia y auxilio vial para el periodo 2026-2028.

De acuerdo con versiones al interior de la dependencia, las bases del concurso establecen requisitos que contemplan unidades modelo 2024 con alto kilometraje, además de especificaciones similares a las que actualmente opera la firma. Este planteamiento podría limitar la participación de otros proveedores y favorecer su continuidad. También surgen alertas sobre la posible utilización de equipos sin certificación vigente o con garantías vencidas, lo que implicaría riesgos en la prestación del servicio. El proceso fija la recepción de propuestas para el 30 de marzo de 2026 y el fallo al día siguiente.

El análisis periodístico refiere que 20 de los 22 contratos obtenidos por la empresa en 2026 se asignaron mediante adjudicación directa, un mecanismo que prescinde de licitaciones públicas y competencia abierta, práctica constante en su historial.

El contrato de mayor monto lo otorgó la Fiscalía General de la República el 6 de febrero de 2026, con vigencia hasta el 31 de enero de 2029, por un total de 2 mil 533 millones 727 mil 649 pesos. A esta lista se suman la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

El retorno de Jet Van a la dinámica de contrataciones ocurre tras diversos antecedentes. En 2021, la entonces Secretaría de la Función Pública impuso a la empresa una inhabilitación por un año y una multa superior a 1.4 millones de pesos, derivado del incumplimiento de un contrato con el Servicio de Protección Federal.

Por su parte, la ASF solicitó al Servicio de Administración Tributaria revisar posibles irregularidades relacionadas con un presunto daño al erario cercano a 8 millones de pesos, vinculado con contratos de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex). Además, el órgano fiscalizador identificó inconsistencias en la ubicación de vehículos bajo resguardo de la empresa y planteó revisar su vínculo con Forza Arrendadora Automotriz S.A. de C.V., tras detectar coincidencias en la representación legal durante procesos de licitación.

Pese a este historial, la firma, fundada en 2004 y representada por Cuauhtémoc Velázquez García, mantiene presencia en el mercado gubernamental como proveedor de arrendamiento vehicular.

Desde sus primeros años, la empresa construyó su crecimiento con base en contratos públicos. Para 2017 ya acumulaba adjudicaciones por miles de millones de pesos; no obstante, también registró incumplimientos relevantes, como fallas en servicios con el Instituto Nacional Electoral y la entrega de ambulancias en condiciones deficientes al Instituto Mexicano del Seguro Social, según reportes de la ASF.