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El Fiscal General del estado de Morelos, Uriel Carmona Gándara, advirtió que el proyecto que se pretende votar en la Cámara de Diputados, con el cual se busca desconocer “indebidamente” su fuero como titular de la Fiscalía, no solo obedece a diversas presiones políticas, sino también estaría asentando un peligroso precedente para los órganos autónomos de las demás entidades.
En diciembre de 2020 la Fiscalía General de la República (FGR) presentó una solicitud de declaración de procedencia (desafuero) ante San Lázaro contra Carmona Gándara por la supuesta comisión de los delitos de ejercicio ilícito de servicio público y contra el funcionamiento del sistema nacional de seguridad pública.
Lo anterior, en razón de que la FGR alega que el fiscal debió haber presentado los exámenes de control de confianza previo a ser designado en su cargo por el Congreso del estado de Morelos, situación que no constituye una exigencia constitucional ni legal.
En respuesta, Uriel Carmona presentó una demanda de amparo ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Morelos, cuya suspensión definitiva le fue otorgada el 22 de febrero pasado, la cual, establece que cualquier acto que deje sin materia el juicio de amparo, representa una violación a la determinación de la Juez Federal.
Tras realizar el análisis de dicha suspensión, las y los integrantes de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, que es el órgano encargado de sustanciar el procedimiento de desafuero, resolvieron suspenderlo hasta en tanto no se resolviera el juicio de amparo.
No obstante, el diputado Pablo Gómez Álvarez ha impulsado la aprobación de un acuerdo, que opta por desechar el procedimiento normal, desconociendo el fuero del Fiscal de Morelos pasando sobre su calidad de titular de un organismo constitucional autónomo local, en términos del quinto párrafo del artículo 111 de la Constitución Federal.
Al respecto, Carmona Gándara manifestó que lo que pretende el legislador Gómez es que tanto la sección instructora como el pleno de San Lázaro interpreten indebidamente dicho párrafo bajo el argumento “de que dicho precepto solamente protege con fuero a los miembros de los organismos constitucionales autónomos locales” y no así al titular del órgano denominado FGE de Morelos, “basándose en que no es lo mismo órgano que organismo.
“Por presiones políticas se está queriendo sentar un precedente inconstitucional y peligroso para la vida democrática e institucional del país. La interpretación sin facultades para ello, que se está queriendo construir, dejaría sin fuero a los integrantes de los organismos constitucionales autónomos en todo el país”, expuso el fiscal morelense.
Además, recordó que la facultad de interpretar y aplicar la Constitución Federal corresponde exclusivamente a los Jueces y Magistrados Federales y a la SCJN, y que en el caso se debe respetar la resolución de suspensión definitiva de amparo que le reconoce el fuero constitucional.
En este contexto, Uriel Carmona notificó la situación a los organismos autónomos del país para que se manifiesten en contra de una interpretación, que sin facultades legales, se pretende lograr y que de manera automática los dejaría sin la protección constitucional.
También promovió ante la Sección Instructora que se reconozca a todos los órganos autónomos de los estados como terceros perjudicados y estos puedan señalar lo que a su derecho convenga, “toda vez que lo que pretenden hacer dos de los cuatro integrantes de la Sección, es una aberración jurídica”.
Finalmente, el fiscal insistió en que su desafuero fue impulsado por venganzas y caprichos de ciertos actores políticos, en especial del gobernador de la entidad Cuauhtémoc Blanco Bravo.
