Tribunal reabre caso Elisa Zepeda en Eloxochitlán a casi 12 años

En la fase actual de revisión técnica se mantiene el caso de los hechos violentos en Eloxochitlán de Flores Magón, en la Sierra Mazateca de Oaxaca, el cual vuelve al centro del debate a casi doce años de lo ocurrido tras una resolución de un Tribunal Colegiado que revive el impacto en la familia de Elisa Zepeda Lagunas y pone en duda el acceso a la justicia para las víctimas.

Al referirse al criterio judicial vigente, la diputada local advirtió en entrevista con Proceso que carece de perspectiva de género y omite la gravedad de los delitos cometidos en diciembre de 2014, entre ellos el asesinato de su hermano Manuel Zepeda y de Gustavo Estrada, así como las agresiones físicas graves y la tentativa de feminicidio contra ella y su madre.

Como consecuencia de un fallo que abre la puerta a la liberación de Miguel Ángel Peralta, uno de los sentenciados, se concentra el punto de conflicto, frente al cual Zepeda afirmó que los magistrados privilegian una lectura de “especificidad cultural” por encima de un análisis integral de los homicidios y de las tentativas de feminicidio, lo que introduce, a su juicio, un sesgo que favorece la impunidad.

En una disputa de narrativas que ha marcado el caso, los sentenciados y sus defensas han insistido en presentarse como “presos políticos”, mientras la víctima indicó que se trata de una estrategia que distorsiona los hechos y busca respaldo social a partir de la identidad indígena de los involucrados, entre quienes aparecen figuras ligadas al PRI como el exalcalde Alfredo Bolaños y Jaime Betanzos.

Al contextualizar los hechos de 2014, Zepeda recordó que su actividad se centraba en el trabajo comunitario y la defensa de los derechos de las mujeres, por lo que la agresión no guarda relación con ningún cargo público, sino con un liderazgo que confrontó estructuras de control locales y detonó la represalia.

En el entorno digital, la legisladora denunció campañas de difamación dirigidas a erosionar su credibilidad, lo que prolonga la violencia política iniciada hace una década mediante herramientas digitales.

Con un escenario de incertidumbre, habitantes de Eloxochitlán observan con cautela las decisiones judiciales ante el riesgo de que la falta de sentencias firmes aliente nuevos episodios de violencia en una comunidad que no olvida.

Desde la protección de derechos procesales bajo un enfoque intercultural, el Tribunal Colegiado sustenta su postura, mientras la representación de las víctimas sostiene que la pertenencia a un pueblo indígena no exime de responsabilidad en delitos graves como tortura y homicidio, planteando un equilibrio entre garantías del acusado y protección a las víctimas.

“A mí quisieron matarme”, afirmó Elisa Zepeda al insistir en la solidez de las pruebas, y recordó que los primeros detenidos transportaban el cuerpo de su hermano en un vehículo oficial, por lo que exigió que los hechos se valoren con objetividad y no en lecturas políticas.

En esta etapa, las víctimas buscan un análisis de fondo sobre las violaciones a derechos humanos ocurridas hace casi 12 años, dentro de la revisión técnica del caso, así como que no sean ignoradas las voces de las víctimas indirectas, en especial la esposa e hijas de Manuel Zepeda.