Adelantar elección judicial a 2027 no ahorra y aumenta riesgos: Magistrado Felipe de la Mata

En Aguascalientes, al participar en el IX Congreso Internacional de Derechos Humanos y Derecho Electoral, Felipe de la Mata Pizaña, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), advirtió que empatar la elección judicial con la elección política de 2027 no generaría ahorros presupuestales y sí implicaría mayores riesgos operativos, jurídicos y políticos.

Llamó a abrir una discusión seria y técnica sobre la viabilidad de adelantar la elección judicial prevista para 2027 al participar en el panel “La elección al Poder Judicial: avances y retos”, donde señaló que la concurrencia de ambos procesos podría comprometer la claridad del proceso, la equidad entre candidaturas y la capacidad institucional de las autoridades electorales.

Diversos requerimientos como logística propia, materiales diferenciados, mecanismos específicos de capacitación y una operación adicional fueron mencionados para explicar por qué la elección judicial impediría cualquier ahorro real, lo que llevó a calificar como equivocada la idea de reducir costos.

“Una elección judicial requiere condiciones específicas para garantizar que la ciudadanía pueda emitir un voto informado y libre. Adelantarla sin la preparación adecuada no abarata el proceso, sólo lo vuelve más complejo y riesgoso”, afirmó.

Al mismo tiempo, señaló que realizar ambos procesos de manera simultánea incrementaría los costos operativos, debido a la necesidad de casillas diferenciadas, mayor documentación electoral, más capacitación y mayores capacidades de fiscalización y resolución de controversias.

“No hay ahorro cuando se duplican las complejidades operativas”, subrayó.

Ante la coincidencia, la concentración de propaganda y cargos en disputa podría generar confusión entre el electorado, advirtió en el plano jurídico, además de afectar la distribución de tiempos oficiales en radio y televisión para las candidaturas judiciales.

La renovación de la Cámara de Diputaciones, 17 gubernaturas, congresos locales y más de mil ayuntamientos forma parte de la elección de 2027, lo que ya representa una carga significativa para el sistema electoral, señaló.

Agregó que la organización paralela de ambos procesos presionaría a las autoridades en tareas como fiscalización, capacitación electoral y resolución de impugnaciones, lo que podría afectar la eficiencia institucional y la certeza del proceso.

La legitimidad democrática podría fortalecerse si se aplaza la elección judicial, sostuvo desde una perspectiva política, con mejor preparación de aspirantes, mayor información para la ciudadanía y un debate más amplio, en línea con la experiencia comparada que sugiere procesos escalonados, y finalmente reiteró que cualquier ajuste debe hacerse con responsabilidad institucional, viabilidad operativa y respeto a los principios democráticos.