Caso Matrimar y quejas empresariales incrementan tensión con autoridades en Nuevo León

En Nuevo León, el conflicto entre el gobierno estatal y la empresa Materiales Triturados Martínez (Matrimar) se posicionó en el centro de señalamientos del sector privado por presuntas irregularidades en la actuación de autoridades, en un contexto donde también se reportan afectaciones a distintas actividades económicas.

Desde 2025, la disputa con la compañía extractiva ubicada en Cerralvo comenzó tras inspecciones, auditorías y clausuras relacionadas con el impuesto ambiental vigente desde 2022, que grava emisiones contaminantes, descargas y la extracción de materiales pétreos.

De acuerdo con la empresa, ha cumplido con sus obligaciones fiscales, según documentos emitidos por la Tesorería estatal, y cuenta con suspensiones judiciales federales que han detenido cierres de sus operaciones; en contraste, autoridades estatales han señalado adeudos millonarios por contribuciones ambientales.

Tras la difusión de audios en los que se menciona la solicitud de un “pago fuerte” para permitir la continuidad de actividades, el caso amplió su alcance y derivó en denuncias por presunta extorsión; el Congreso local solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) atraer el asunto, mientras la empresa indicó afectaciones a cerca de 500 familias vinculadas a su operación.

En este escenario, organismos empresariales comenzaron a hacer públicos reclamos sobre prácticas que consideran irregulares en la gestión de trámites y supervisiones, mientras la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Monterrey advirtió que establecimientos han enfrentado retención de permisos, multas y cierres administrativos.

Durante la toma de protesta de su Consejo Directivo 2026-2027, su presidente, Jaime Herrera Casso, afirmó que existe una “creciente queja” en el sector y señaló que hay funcionarios que “se valen del coto de poder que les da la capacidad de retener algún permiso, trámite o pago, o bien la imposición de alguna multa, incluso llegar al cierre del propio negocio para conseguir un beneficio personal”.

Por otro lado, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Nuevo León reportó ante autoridades estatales la existencia de solicitudes de aportaciones indebidas, así como obstáculos en procesos administrativos y cobros considerados ilegítimos por parte de quienes se identifican como servidores públicos.

En presencia del gobernador Samuel García, estos planteamientos se realizaron mientras el mandatario destacó avances en materia de seguridad e inversión, sin emitir una respuesta directa a los señalamientos formulados por representantes del sector privado.

En enero de 2026, dentro del sector transporte, la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram) denunció cobros indebidos por parte de agentes de tránsito y operadores de grúas en municipios del área metropolitana, incluyendo la exigencia de 20 mil pesos para liberar un tráiler retenido y pérdidas superiores al millón de pesos tras su traslado a un corralón.