Congesa enfrenta denuncias por presuntas irregularidades y manejo opaco de recursos

Adultos mayores que invirtieron sus ahorros y patrimonio en Corredor Nueva Generación (Congesa) denunciaron junto con otros socios un presunto fraude que habría impactado durante años a casi cien accionistas de la empresa que opera el Corredor Circuito Interior de la Ciudad de México.

Los inconformes señalaron a José García Lagunas, quien funge como presidente del Consejo de Administración, como responsable de decisiones que habrían provocado pérdidas económicas, desaparición de utilidades y un deterioro financiero que mantiene a numerosos socios sin ingresos ni información clara sobre el manejo de los recursos de la empresa.

De acuerdo con información difundida por El Financiero, los accionistas denunciaron que Congesa continúa operando unidades en una de las rutas más importantes de la capital, pero dejó de entregar ganancias a los socios. También acusaron que la administración ocultó información financiera y realizó movimientos patrimoniales sin autorización de la asamblea.

Entre las principales acusaciones se encuentra la presunta venta irregular de autobuses propiedad de la empresa. Los denunciantes sostienen que distintas unidades fueron comercializadas sin consultar a los accionistas y sin transparentar el destino de los recursos obtenidos. Además, denunciaron un supuesto intento de vender un inmueble de la concesionaria.

Los afectados señalaron igualmente la operación de unidades sin permisos correspondientes dentro del Corredor Circuito Interior, vialidad estratégica que conecta zonas como el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Tacubaya, La Raza y Juanacatlán. Consideran que estas prácticas podrían derivar en responsabilidades legales y administrativas.

El Financiero reportó que aproximadamente el 80 por ciento de los socios corresponde a personas adultas mayores que destinaron recursos de toda una vida laboral para adquirir acciones de la concesionaria. Muchos dependían de las utilidades como apoyo económico y actualmente enfrentan dificultades por la falta de pagos.

Los accionistas afirmaron que durante años solicitaron auditorías, informes financieros y mecanismos de rendición de cuentas sin recibir respuestas satisfactorias. También sostienen que la administración mantuvo un control absoluto sobre la información corporativa y limitó la participación de los socios en decisiones importantes.

Asimismo, denunciaron que llevaron sus reclamos a distintas instancias sin encontrar una solución de fondo, situación que incrementó la molestia entre quienes aseguran haber perdido buena parte de su patrimonio.

Ante la falta de acuerdos, los inconformes advirtieron que podrían realizar movilizaciones y bloqueos en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para exigir la intervención de las autoridades y visibilizar el conflicto.

Los socios demandan que autoridades locales y federales investiguen la actuación de los directivos, esclarezcan el destino de los bienes de la empresa y determinen si existieron posibles delitos patrimoniales o administración fraudulenta. También solicitan mecanismos para recuperar los recursos que consideran perdidos.

El caso generó cuestionamientos sobre los mecanismos de supervisión aplicados a las empresas concesionarias de transporte público en la Ciudad de México, particularmente aquellas conformadas por pequeños inversionistas y operadores que depositaron su patrimonio en proyectos relacionados con el servicio público.

Mientras las denuncias avanzan en el ámbito público, los accionistas mantienen su exigencia de justicia y transparencia. Los afectados sostienen que el caso podría convertirse en uno de los episodios más delicados dentro del sistema de transporte concesionado capitalino si se confirman las acusaciones difundidas por distintos medios.