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Cuatro dependencias investigan por corrupción a Grupo Kosmos, una proveedora gubernamental de la familia Landsmanas, a la cual se le señala de otros delitos, como tráfico de influencias, manipulación de información privilegiada, venta de productos con sobreprecio por encima del 120 por ciento, así como distribución de alimentos en mal estado.
De acuerdo con información de la Revista Contralínea, intervinieron la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Procuraduría Fiscal, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
Cosmopolitana, SA de CV; Kol Tov, SA de CV; y Productos Serel, SA de CV, son otras empresas del grupo que obtuvieron contratos por 18 mil 440 millones de pesos, de administraciones en los tres niveles de gobierno, entre 2018 y 2021, las cuales también se encuentran en investigación financiera y judicial desde el 2019, debido a la supuesta entrega de sobornos y amenazas a competidores.
El consorcio de la familia Landsmanas, representa un monopolio de alimentos, debido a que opera a través de 45 empresas, de las cuales 20 ostentan los mismos socios, accionistas y/o representantes legales, mismos que también son investigados, de acuerdo con el medio de comunicación.
Los hermanos Ilja y Jorge Landsmanas Dymensztejn, Jack Landsmanas Stern, Jacobo Gary Braun, Jesús Verduzco Medrano, Julio Blanco Pérez, Luis Alberto Rodríguez Hernández, Jacobo Lázaro Zaorín Dabbah, Alfredo Servín Pérez, Ruth Delgado Rodríguez, José Ramón Aquique Organes, René Elizalde Graciano y Norma Silvia Figueroa Herrera, son los nombres que menciona la revista.
En este mismo sentido, el texto refiere que la facturera Makura Interconsultoras, SA de CV, sería la que utiliza Grupo Kosmos para simular operaciones y, en este mismo sentido, ISA Corporativo, Vector Casa de Bolsa y Fideicomiso Fibra Uno estarían también bajo investigación por su relación con dicha práctica.
Ante la gran cantidad de irregularidades, el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó desde 2019 la renegociación para modificar los contratos con la proveedora, sin embargo, habrían amenazado a administradores de la Policía Federal, de Prevención y Readaptación Social, e incluso, en guarderías, señala el texto publicado.
