Gobierno abre consulta para definir la protección de los derechos de las audiencias

El gobierno federal abrió una consulta pública para elaborar los lineamientos generales sobre la protección de los derechos de las audiencias, un proceso que permitirá incorporar observaciones de ciudadanos, concesionarios, universidades y organizaciones civiles antes de emitir la versión definitiva de las disposiciones derivadas de la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión. El ejercicio permanecerá vigente del 27 de julio al 21 de agosto.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) puso a disposición de los interesados un mecanismo de participación a través de su portal oficial, con el propósito de recibir propuestas tanto del sector de telecomunicaciones como de la sociedad, incluidas las radios comunitarias.

La mandataria sostuvo que el proyecto no busca imponer restricciones a los contenidos que difunden los medios de comunicación, sino consolidar un esquema de autorregulación para garantizar los derechos de las audiencias. "El derecho a la información veraz es un derecho constitucional del pueblo de México", afirmó.

Como parte de las nuevas disposiciones, cada concesionario deberá designar a una persona defensora de las audiencias, quien asumirá la responsabilidad de recibir, analizar y dar respuesta a las inconformidades que presenten los usuarios por los contenidos transmitidos.

La consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde Luján, explicó que los lineamientos propuestos por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones buscan dar plena aplicación a los derechos reconocidos en la legislación vigente. Además, indicó que el documento precisa distintos conceptos previstos en la ley para reducir criterios de interpretación subjetivos o discrecionales.

El proyecto establece que las obligaciones alcanzarán a las concesionarias de televisión abierta, estaciones de radio, empresas de televisión y audio restringidos, así como a las programadoras que operan bajo concesiones comerciales, públicas y sociales.

Entre los derechos que deberán garantizar los concesionarios figura el acceso a información veraz y oportuna. También tendrán la obligación de identificar de manera visible la diferencia entre información y opinión mediante avisos o recursos gráficos, mantener una separación entre los contenidos editoriales y la publicidad, informar a las audiencias sobre el derecho de réplica e incorporar herramientas de accesibilidad para personas con discapacidad auditiva.

Asimismo, cada concesionario deberá contar con un Código de Ética que incluya los derechos de las audiencias, los criterios editoriales para verificar la información difundida, el procedimiento para recibir quejas y las reglas para designar a las personas defensoras de las audiencias. En el caso de las radios y televisoras comunitarias, indígenas y afromexicanas, esa responsabilidad corresponderá a integrantes de las propias comunidades.

El documento también establece que las personas titulares de las defensorías deberán desempeñar sus funciones con imparcialidad, independencia, objetividad y transparencia, además de mantenerse libres de conflictos de interés. Cada concesionario deberá contar, al menos, con una defensoría, aunque la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones podrá solicitar un mayor número cuando los tiempos de respuesta a las inconformidades resulten insuficientes.

El mecanismo previsto contempla una primera etapa de atención interna mediante la defensoría de las audiencias, instancia facultada para emitir recomendaciones al medio de comunicación. Si esas recomendaciones no prosperan o la audiencia considera que sus derechos continúan vulnerados, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones podrá intervenir e imponer las sanciones y multas económicas previstas en la ley.