Gobierno federal acuerda inspección ambiental y nueva mesa de diálogo por situación en la Laguna-Bahía de Ohuira

El Gobierno de México acordó establecer una ruta de trabajo interinstitucional para dar seguimiento a los planteamientos de comunidades indígenas, pescadores, organizaciones sociales y especialistas de la Laguna-Bahía de Ohuira y la región de Topolobampo, en Sinaloa, tras una mesa de diálogo en la que participaron autoridades federales, estatales y municipales.

Durante el encuentro, realizado en Los Mochis representantes de las comunidades expusieron inquietudes relacionadas con la protección de los ecosistemas costeros, la actividad pesquera, el acceso al agua y saneamiento, la protección de sitios de importancia ambiental, la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat), así como los procesos de consulta, participación y distintos temas vinculados al desarrollo regional.

En la reunión participaron representantes de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), la Secretaría de Economía, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Gobernación y autoridades del Gobierno de Sinaloa.

Como resultado del diálogo, las dependencias acordaron continuar con las mesas de trabajo para revisar la información, estudios, observaciones y propuestas presentadas por las comunidades y especialistas involucrados.

Asimismo, la Profepa realizará una inspección actualizada para verificar el estado de las obras y actividades desarrolladas en la zona, así como el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable.

Otro de los acuerdos establece que el Gobierno de México buscará a la empresa responsable del proyecto para sostener un diálogo, además de garantizar el respeto al derecho de manifestación de las comunidades.

Respecto a las solicitudes planteadas durante la reunión, las dependencias federales reiteraron que cualquier determinación deberá apegarse al marco jurídico vigente y sustentarse en elementos técnicos y legales.

“Ninguna autorización ambiental es un cheque en blanco. La responsabilidad de la autoridad es verificar permanentemente que las condiciones impuestas se cumplan y actuar cuando exista cualquier incumplimiento”, afirmó la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra.

Por su parte, el subdirector general de Administración del Agua de Conagua señaló que “la problemática de la Laguna-Bahía de Ohuira requiere una respuesta integral. Hoy nos vamos con tareas concretas y con el compromiso de seguir trabajando junto con las comunidades para atender sus preocupaciones”.

En tanto, el director del INPI, Adelfo Regino Montes, sostuvo que “solo el camino del diálogo es el bueno. Venimos a escuchar, a construir soluciones y a atender las preocupaciones legítimas de las comunidades”, mientras que la subsecretaria de Industria y Comercio, Ximena Escobedo, indicó que se trabajará con la comunidad para generar un desarrollo económico que atienda las vocaciones y condiciones de la región.

Las instituciones participantes coincidieron en que la protección ambiental, el bienestar de las comunidades, la conservación de los ecosistemas y el desarrollo regional requieren diálogo permanente, coordinación entre autoridades y participación social. En ese sentido, el Gobierno de México reafirmó su compromiso de mantener abiertos los canales de comunicación y trabajo con las comunidades de la Laguna-Bahía de Ohuira.