Piden que FGR tome investigación del caso Matrimar por presunta extorsión señalada en NL

La empresa Materiales Triturados Martínez (Matrimar) denunció presuntos actos de extorsión, y en ese contexto el Congreso de Nuevo León aprobó por mayoría solicitar a la Fiscalía General de la República (FGR) que atraiga la investigación, en un caso que involucra a funcionarios del Gobierno estatal encabezado por el gobernador Samuel García y al dirigente local de Movimiento Ciudadano (MC), Baltazar Martínez Ríos.

En medio de ese acuerdo legislativo, diversos sectores empresariales y productivos han denunciado durante el último año un aumento de cobros excesivos, presiones administrativas y presuntas prácticas irregulares en distintas dependencias estatales y municipales.

Como parte de ese contexto, más de 60 cámaras y organismos empresariales, incluidas Coparmex Nuevo León, Caintra y la Cámara de Comercio, rechazaron en diciembre de 2025 los aumentos fiscales propuestos en el Paquete Fiscal 2026, al advertir impactos negativos en inversión y empleo. Más adelante, en enero de 2026, la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (CONATRAM) denunció presuntos abusos y cobros indebidos por parte de agentes de tránsito en varios municipios del área metropolitana, con afectaciones económicas millonarias para el sector.

Bajo esa línea, la solicitud de intervención federal fue promovida por la diputada Armida Serrato Flores (PRI), presidenta de la Comisión Anticorrupción, y recibió 30 votos a favor de legisladores de PAN, PRI, Morena, PRD y PT durante una sesión ordinaria celebrada el pasado 10 de marzo de 2026.

Con destino a la fiscal general Ernestina Godoy Ramos, el exhorto se apoya en la relevancia social del caso y en lo previsto por la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión. De igual forma, cita el artículo 73 de la Constitución federal, que permite la atracción de asuntos de competencia local cuando existan implicaciones federales.

Según expuso Serrato, la intervención de la FGR resulta necesaria porque en el audio difundido públicamente y atribuido a Martínez Ríos se menciona la exigencia de un “pago fuerte” a la empresa a cambio de facilitar su operación, además de referir a otros integrantes del gabinete estatal.

De acuerdo con lo planteado en el Pleno, en la grabación también se alude al secretario de Medio Ambiente de Nuevo León, Raúl Lozano Caballero, y al secretario general de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna. La legisladora cuestionó además la ausencia de Martínez Ríos en las sesiones del Congreso desde que se dio a conocer el audio, en el que presuntamente funge como intermediario entre autoridades y la empresa extractiva ubicada en el municipio de Cerralvo.

Desde 2025, el conflicto entre Matrimar y el Gobierno estatal se remonta a las inspecciones, auditorías y clausuras administrativas aplicadas a la pedrera por el llamado impuesto ambiental, implementado desde 2022 para gravar emisiones, descargas y extracción de materiales pétreos.

Por un lado, la empresa ha sostenido que se encuentra al corriente en sus obligaciones fiscales, mientras que autoridades estatales han señalado adeudos millonarios derivados de contribuciones ambientales. Conforme a documentos exhibidos por la empresa, en noviembre de 2025 la Secretaría de Finanzas estatal habría revisado a la compañía y determinado que cumplía con sus obligaciones fiscales; no obstante, posteriormente se reportaron nuevos requerimientos y cierres operativos. Matrimar ha denunciado que estas acciones constituyen “extorsión institucional” y ha señalado afectaciones económicas y laborales a alrededor de 500 familias que dependen de la operación de la planta.

Tras la difusión de audios a finales de febrero de 2026, el caso escaló al mencionarse la solicitud de pagos extraordinarios a cambio de permitir el funcionamiento de la empresa. Paralelamente, la compañía ha obtenido suspensiones judiciales federales contra algunas de las clausuras, lo que ha derivado en una disputa pública con el gobernador Samuel García, quien ha negado cualquier acto de corrupción y ha sostenido que las acciones del Estado responden únicamente al cumplimiento de obligaciones ambientales.