Solicitan a AMLO investigación sobre intento de extorsión y bloqueo a VisitMéxico por empresario Sergio Loredo

El presidente Andrés Manuel López Obrador recibió una petición para investigar al empresario Sergio Loredo Foyo, quien fue señalado por intentar extorsionar al gobierno federal al bloquear la plataforma VisitMéxico, al alegar la posibilidad de realizar negocios en nombre del país.

El periodista Demian Duarte de Sonora Power expuso durante la conferencia mañanera que Loredo Foyo continúa en la búsqueda de hacer negocios en representación de México, incluso llegando al secretario general de la ONU, António Guterres, para ofrecer sus servicios en nombre de empresarios mexicanos. Duarte destacó que el empresario ha sido señalado por presunto lavado de dinero, violencia y robo.

En su intervención, Demian Duarte solicitó al presidente López Obrador que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el SAT y otras instancias investiguen a Loredo Foyo para evitar que realice negocios perjudiciales en nombre de México.

Sergio Loredo Foyo, fundador de la empresa AlquimiaPay, opera sin autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y ha sido acusado de no cumplir con los dividendos de sus inversionistas. Actualmente, busca inversores para su fintech y ofrece sus servicios a niveles internacionales, a pesar de las acusaciones en su contra.

En 2021, Loredo Foyo fue detenido por bloquear la plataforma digital "VisitMexico" en julio de 2020, diseñada y administrada por su empresa. Braintivity, la compañía contratada para mantener VisitMexico, denunció que Loredo intentaba extorsionarlos para suscribir un contrato millonario y multianual a cambio de restaurar el acceso al sitio.

Además del bloqueo a VisitMexico, Sergio enfrenta otras acusaciones. En 2018, se abrió una carpeta de investigación por "Violencia familiar", y en 2020, se le imputó "robo de objetos sin violencia". Estos antecedentes refuerzan la necesidad de una investigación exhaustiva.

El llamado a investigar a Loredo Foyo busca garantizar la transparencia y proteger los intereses del gobierno mexicano frente a posibles acciones perjudiciales por parte del empresario.