Vivienda social en Nuevo León resiente alzas por impuesto y presiones adicionales del sector

Los costos de construcción y, particularmente, el precio de la vivienda social en Nuevo León han sido impactados de forma significativa por el llamado “Impuesto Verde” aplicado a las pedreras, de acuerdo con información publicada por El Norte; desarrolladores consultados señalaron que desde la implementación de este gravamen en 2022 se registró un aumento importante en el precio de insumos como triturados, block, cemento y yeso, lo que ha repercutido directamente en el costo final de las casas destinadas a familias de menores ingresos.

Un estudio elaborado por desarrolladores del estado refiere que, desde 2019, el precio de la vivienda de interés social ha registrado un incremento de 52%, en el que el gravamen a la industria extractiva habría tenido un peso relevante; dentro de este análisis se señala que materiales como arena y grava alcanzaron alzas de hasta 188%, mientras que otros insumos de construcción superaron el 100% de incremento, como el block, con aumentos cercanos al 100%, encareciendo así los proyectos habitacionales.

Dentro del segmento más afectado se encuentran las viviendas de menor tamaño, especialmente las casas de un nivel de alrededor de 48 metros cuadrados, donde el aumento general se aproxima al 57%; en contraste, las viviendas de dos niveles de aproximadamente 62 metros cuadrados presentan incrementos cercanos al 50%, mientras que en unidades de mayor tamaño el alza se ubica alrededor del 49%.

Derivado de este contexto, desarrolladores señalaron que algunos proyectos de vivienda social han dejado de ofrecerse, debido a que el encarecimiento de los materiales elevó los precios finales por encima de la capacidad de compra de muchas familias.

A estas condiciones se añaden otras presiones reportadas por el sector; la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda (Canadevi) en Nuevo León indicó que desarrolladores enfrentan cobros irregulares por parte de autoridades municipales, los cuales pueden representar entre 2% y 3% del valor total de los proyectos.

Sobre estas prácticas, Javier Treviño, presidente estatal del organismo, declaró ante medios de comunicación que forman parte de un “modus operandi” que contempla pagos para agilizar trámites, autorizaciones o permisos de uso de suelo.

El organismo también ha advertido que dichos cobros no siempre se realizan en efectivo, ya que en algunos casos se solicitan aportaciones en especie, como participación en desarrollos, entrega de tierra o incluso unidades habitacionales; además, señaló que estos esquemas se replican en distintos municipios y pueden implicar retrasos en procesos administrativos como mecanismo de presión.

Paralelamente, organismos empresariales han reportado situaciones de extorsión en otros sectores, como el transporte, donde se han documentado cobros de hasta 30 mil pesos mensuales para permitir la operación en determinados municipios.

En medio de este panorama, el sector extractivo también ha sido colocado en el centro del debate; en meses recientes, la empresa Matrimar y el Gobierno estatal encabezado por Samuel García han sostenido una confrontación pública derivada de clausuras, auditorías y disputas en torno al pago del impuesto ambiental.

Mientras la empresa ha sostenido que se encuentra al corriente en sus obligaciones fiscales y ha obtenido suspensiones judiciales federales que le permitieron reabrir operaciones, autoridades estatales han señalado la existencia de adeudos millonarios; el conflicto se intensificó tras la difusión de audios en los que se menciona la solicitud de un “pago fuerte” para facilitar su operación, lo que derivó en denuncias por presunta extorsión y en la petición del Congreso local para que la Fiscalía General de la República atraiga el caso.

Bajo este escenario, desarrolladores y organismos empresariales coinciden en que la combinación de incrementos en materiales, cargas fiscales y señalamientos de cobros irregulares está incidiendo de manera directa en el encarecimiento de la vivienda en Nuevo León, particularmente en el segmento social, donde la oferta se ha visto limitada en los últimos años.